La economía social constituye uno de los pilares más sólidos y con mayor potencial transformador del sistema productivo español. Este modelo empresarial, integrado por cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades y fundaciones, combina viabilidad económica, democracia interna e impacto social, configurando un ecosistema diverso y resiliente.
Durante la última década, y especialmente entre 2020 y 2025, el Gobierno de España ha intensificado su compromiso con este sector, situándolo en el centro de las políticas de recuperación, transición verde y cohesión territorial. Iniciativas como la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el actual Proyecto de Ley Integral de Economía Social (2025) conforman un marco de impulso normativo y financiero sin precedentes.
De acuerdo con los informes más recientes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), la muestra analizada de 3.715 empresas del sector generó en el bienio 2023-2024 más de 400.000 empleos y una facturación aproximada de 70.000 millones de euros. Estas cifras reflejan tanto la escala y diversificación del tejido empresarial como su creciente peso en el conjunto de la economía española.