La economía social constituye en la actualidad uno de los vectores estructurales de generación de empleo, cohesión social y sostenibilidad en España.

Su relevancia excede el plano estrictamente cuantitativo o macroeconómico: configura una forma diferenciada de organizar la producción, el trabajo y la distribución de la riqueza, en la que la eficiencia económica se concibe de manera inseparable de la equidad social y el arraigo territorial. En este sentido, la economía social no opera únicamente como un “sector” más del tejido productivo, sino como una infraestructura socioeconómica que introduce criterios de participación democrática, inclusión y responsabilidad social en el corazón de la actividad empresarial.

Los datos más recientes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES, 2024), complementados con cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, permiten afirmar que la economía social ha alcanzado una dimensión estructural dentro del modelo productivo español. El conjunto de entidades que la integran agrupa más de 1.350.000 empleos directos, lo que representa aproximadamente el 7,7 % del empleo remunerado nacional; involucra a más de 2,5 millones de personas, entre personas socias, trabajadoras y voluntariado activo; y se materializa en más de 180.000 entidades y empresas que operan en una amplia variedad de sectores (industria, servicios, agricultura, cuidados, educación, cultura, finanzas éticas, entre otros) con una fuerte implantación territorial y un elevado grado de arraigo local.

Estas magnitudes no solo evidencian la envergadura del fenómeno, sino también su carácter plural y resiliente. En distintos ciclos económicos, las entidades de economía social han mostrado una mayor capacidad relativa para mantener empleo estable en contextos de crisis, amortiguando los efectos de las recesiones sobre el mercado de trabajo y contribuyendo a preservar tejido productivo en territorios vulnerables. De acuerdo con CEPES y con el marco definido por la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, este modelo empresarial aporta de forma simultánea al crecimiento económico y a la cohesión social, incidiendo de manera directa en la igualdad de oportunidades, la inclusión laboral de colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo y la transición ecológica y digital del país.

En general, el impacto económico y social de la economía social no puede reducirse a su peso en términos de afiliación o volumen de entidades. Su contribución se manifiesta en la creación y mantenimiento de empleo de calidad, en la vertebración territorial, en la provisión de servicios esenciales de proximidad y en la generación de dinámicas de innovación social, configurándola como un actor imprescindible para la ejecución de las políticas públicas orientadas a un desarrollo más inclusivo, sostenible y cohesionado.